31/01/2026
La justicia ecuatoriana y la crisis que se niega a ocultarse
Las declaraciones realizadas públicamente en la sesión del 29 de enero del presente año por el vocal del Consejo de la Judicatura, el latacungueño Fabián Fabara, dejan al descubierto una realidad que, aunque conocida por muchos, continúa causando indignación: el manoseo de la justicia, las irregularidades sistemáticas y los tentáculos de la corrupción que se extienden peligrosamente dentro del sistema judicial ecuatoriano.
Sin necesidad de señalar nombres o direcciones de aquella época, las acciones expuestas evidencian la existencia de prácticas reprochables como el compadrazgo, los “amigazos” y los favores cruzados entre funcionarios públicos y funcionarios judiciales, presuntamente orientados a beneficiar a un ex prefecto de la provincia de Cotopaxi. Estos hechos no son aislados ni recientes; por el contrario, se suman a una crisis estructural que la justicia ecuatoriana arrastra desde hace varios años.
Existe un dicho popular que afirma que “el pescado se pudre por la cabeza”. Esta metáfora describe con precisión el estado actual de la institucionalidad judicial en el país. Históricamente, el poder político de turno ha buscado injerencia en las decisiones judiciales, debilitando la independencia de funciones y generando un entorno propicio para la impunidad. En ese contexto, diversos grupos de poder, locales, provinciales e incluso gremiales, han visto en la cercanía política y personal con jueces y funcionarios una vía para asegurar favores y protección.
La situación actual no solo preocupa; indigna. Indigna porque confirma que prácticas históricas de corrupción siguen vigentes, aunque ahora más expuestas. Frente a ello, la pregunta inmediata es inevitable: ¿qué acciones deben tomarse? Tal vez no exista una respuesta única o inmediata. Sin embargo, desde cada trinchera ciudadana y profesional corresponde actuar con responsabilidad y en estricto apego a los valores fundamentales que nos fueron inculcados desde el hogar: la honradez, la decencia y el compromiso ético con la sociedad.
Más allá de las sanciones administrativas o penales que deban imponerse, es indispensable comprender que la verdadera depuración de la justicia también exige una transformación cultural. No se puede seguir confundiendo la amistad, el compadrazgo o las relaciones personales con privilegios indebidos o favores ilegítimos. Ese mensaje debe transmitirse con claridad a nuestras familias y, sobre todo, a las nuevas generaciones.
Los pronunciamientos del vocal Fabián Fabara no pueden quedarse en el discurso. Es imperativo que se llegue hasta las últimas consecuencias, que se investigue a profundidad y que quienes hayan comprometido la dignidad de la función judicial asuman su responsabilidad y se aparten de ella. La Función Judicial necesita una depuración real, urgente y profunda.
La justicia no puede seguir siendo un espacio donde imperen los favoritismos políticos, la corrupción cotidiana y los acuerdos entre “amigos”. Eso debe corregirse, sancionarse y erradicarse si se pretende recuperar la confianza ciudadana y fortalecer verdaderamente el Estado de derecho en el Ecuador. (O)
